El pasado 24 de enero de 2023, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzaban una huelga indefinida con el objetivo de que el Ministerio de Justicia cumpliera una serie de acuerdos alcanzados en abril del año pasado a raíz de que en 2009 se les transmitieran competencias de los jueces a los LAJ.
Varias de sus reivindicaciones se resumen en los siguientes puntos:
Grupos de Población: piden que se asimilen los complementos vinculados a los grupos de población a los establecidos para los médicos forenses.
Productividad: piden que se incremente el porcentaje destinado a productividad del Cuerpo.
Planes de actuación: piden que se mejore la cuantía prevista para los de entradas y registros, retribuyéndolas con 100 euros e incluyendo otras actuaciones necesarias de la guardia.
Carrera profesional: piden que se trabaje con las asociaciones en la definición y concreción del modelo de carrera profesional.
Actualización del reglamento orgánico: piden en particular eliminar la necesidad de consolidar la categoría de entrada.
Régimen de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia: piden que se incluyan las particularidades de este colectivo en dicho régimen.
Participación de las asociaciones de LAJ: piden que se cuente con ellas en las negociaciones de las condiciones laborales. Son tres las asociaciones de LAJ y las tres se pusieron de acuerdo para convocar el paro indefinido.
Según los datos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, desde el inicio de la huelga se ha suspendido alrededor del 35% de los señalamientos. En cuanto a las consignaciones, según los últimos datos facilitados por el CGPJ, la huelga desde su inicio habría paralizado cerca de 1.286 millones de euros en toda España.
La Abogacía Española ha enfatizado que todos los trabajadores y profesionales cuentan con el derecho a realizar huelga en defensa de lo que crean justo. No obstante, ha advertido que no se deben menoscabar otros derechos como el derecho a la defensa o el derecho al acceso a la justicia. Esto es especialmente importante en situaciones de extrema urgencia o cuando estén implicadas personas en situación de vulnerabilidad.
Por ello, ha exigido que continúen las conversaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los daños desproporcionados sufridos por la ciudadanía y que permita que los juzgados recuperen su actividad como siempre, sin embargo, no se ha logrado alcanzar un acuerdo en ninguna de las negociaciones llevadas a cabo entre los LAJ y el Ministerio de Justicia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en que las peticiones de los LAJ para poner fin a la huelga no son “viables” económicamente, pero animó a “seguir dialogando y buscando soluciones”.
Las CCAA pidieron a Pilar Llop en la Sectorial del viernes que Justicia resolviera el conflicto de los LAJ de manera urgente. Por tanto, tendremos que esperar para ver como acaba desarrollándose la huelga.
